Acceso Universal al sistema Nacional de Salud en España

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El acceso a la salud y a la asistencia sanitaria, sin lugar a dudas se encuentra entre los derechos fundamentales y de mayor trascendencia para el ser humano. El cual, incluye atribuciones como el acceso oportuno, aceptable, asequible, universal, no discriminatorio y suficiente. Lo que deriva en que cada individuo logre y alcance, a través de las debidas aportaciones del Estado, “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr”.

No obstante, las intenciones por parte de los Estados a nivel mundial en la materia que nos ocupa, en la gran mayoría de casos, se quedan muy cortas a la realidad de su vida sociopolítica  y a las exigencias de sus nacionales.

Entrada en vigor del “RDL 7/2018”

Al respecto el pasado 31 de Julio del presente año, en un intento de avance y actualización en la cobertura del programa de salud en territorio español, entró en vigor el “Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud” (en adelante RDL- 7/2018), potenciando, en principio, la garantía del ejercicio de este vital derecho y la protección activa de la salud. Misma que adquiere mayor relevancia cuando los extranjeros no registrados ni autorizados para residir en España, se ven obstaculizados o impedidos de obtener una asistencia sanitaria “normalizada”, ya por su vulnerabilidad y/o exclusión social.

En su momento, la entrada en vigencia del “Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” (en adelante  Real Decreto-ley 16/2012), supuso, de hecho, un menoscabo a este derecho, ya que excluía de la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos, a personas adultas que no estuviesen registradas ni autorizadas para residir en España. Quedando limitados a la asistencia en casos de urgencia grave o accidente hasta la alta médica y,  por otro lado, a la etapa de gestación, parto y postparto, según fuera el caso.

Por lo que esta norma pretende en primera instancia garantizar la salud y la asistencia sanitaria, en las mismas condiciones de equidad e igualdad,  a todas las personas que se encuentren en territorio español. Lo que representa un cambio al modelo de la atención sanitaria en nuestro país, donde la titularidad de este derecho dentro del Sistema Nacional de Salud (en adelante SNS), toma como base la condición de ser ciudadano, desplegando el reconocimiento, a su vez, a la condición de “asegurado”.

Equipo MilContratos.com

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