Civil y Familia

Acceso Universal al sistema Nacional de Salud en España

Acceso Universal al sistema Nacional de Salud en España

El acceso a la salud y a la asistencia sanitaria, sin lugar a dudas se encuentra entre los derechos fundamentales y de mayor trascendencia para el ser humano. El cual, incluye atribuciones como el acceso oportuno, aceptable, asequible, universal, no discriminatorio y suficiente.

Lo que deriva en que cada individuo logre y alcance, a través de las debidas aportaciones del Estado, “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr”.

No obstante, las intenciones por parte de los Estados a nivel mundial en la materia que nos ocupa, en la gran mayoría de casos, se quedan muy cortas a la realidad de su vida sociopolítica  y a las exigencias de sus nacionales.

Entrada en vigor del “RDL 7/2018”

Al respecto el pasado 31 de Julio del presente año, en un intento de avance y actualización en la cobertura del programa de salud en territorio español, entró en vigor el “Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud” (en adelante RDL- 7/2018), potenciando, en principio, la garantía del ejercicio de este vital derecho y la protección activa de la salud. Misma que adquiere mayor relevancia cuando los extranjeros no registrados ni autorizados para residir en España, se ven obstaculizados o impedidos de obtener una asistencia sanitaria “normalizada”, ya por su vulnerabilidad y/o exclusión social.

En su momento, la entrada en vigencia del “Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” (en adelante  Real Decreto-ley 16/2012), supuso, de hecho, un menoscabo a este derecho, ya que excluía de la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos, a personas adultas que no estuviesen registradas ni autorizadas para residir en España. Quedando limitados a la asistencia en casos de urgencia grave o accidente hasta la alta médica y,  por otro lado, a la etapa de gestación, parto y postparto, según fuera el caso.

Por lo que esta norma pretende en primera instancia garantizar la salud y la asistencia sanitaria, en las mismas condiciones de equidad e igualdad,  a todas las personas que se encuentren en territorio español. Lo que representa un cambio al modelo de la atención sanitaria en nuestro país, donde la titularidad de este derecho dentro del Sistema Nacional de Salud (en adelante SNS), toma como base la condición de ser ciudadano, desplegando el reconocimiento, a su vez, a la condición de “asegurado”.

Entonces bien, el RDL 7/2018, adjudica la titularidad del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria, a los individuos que cuente con alguna de los siguientes estatus sociales:

  • Aquellas personas con nacionalidad española,
  • Extranjeros que tengan residencia en España.
  • Aquellas personas no tengan su residencia habitual en España (p. ej. pensionistas españoles, los trabajadores desplazados o los trabajadores transfronterizos.)
  • Los colectivos no registrados ni autorizados como residentes (tendrás los mismos derechos que un nacional).

Protección al SNS

A fin de no comprometer la estabilidad económica y evitar a toda costa, el inapropiado uso del derecho que se trata, respecto a los colectivos previamente expuestos, la respectiva asistencia sanitaria será con cargos a los fondos públicos de las administraciones competentes, siempre que se susciten los siguientes supuestos:

  • No estar obligado a acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo previsto en el derecho europeo, los convenios bilaterales y demás normativa aplicable.
  • No poder exportar el derecho de asistencia sanitaria desde su país de origen o procedencia.
  • La inexistencia de un tercero obligado al pago

Cabe hacer mención, que la atención a los colectivos no da lugar a la cobertura sanitaria fuera de España  financiada con cargo a los fondos públicos.

Por su parte, todas las Comunidades Autónomas, de acuerdo a sus competencias en cada caso, determinarán el procedimiento a seguir para la solicitud y expedición del documento certificativo que permita a los extranjeros recibir la prestación médica y/o sanitaria.

El señalado Real Decreto, coordina, unifica y enfoca legalmente, los esfuerzos en la materia de todas las Comunidades con el gobierno central, o al menos eso se pretende cuanto antes. Esta atención normalizada sobre la salud, que se propone, no implica mayor coste para para las arcas del gobierno, además de que permite un mejor control de las enfermedades y, en general de la salud pública.

Esta norma, para culminar, se justifica en la urgencia para abordar el carácter de universal de la atención y prestación de sanidad, provocando un impulso en la salud colectiva del grueso de la población y un claro mejoramiento en la individual (salud), de las personas hasta entonces excluidas.